Separación de poderes
¿Cuántas veces han oído a políticos y periodistas hablar de la separación de poderes como un elemento fundamental de nuestra democracia? Normalmente es para mencionar la escasez o dudosa cualidad de la misma en respecto a posibles injerencias en el poder judicial. Pues bien, déjenme adelantarles que en nuestro país no existe la división de poderes.
En las democracias modernas son tres los poderes que se le atribuyen al Estado: el poder legislativo (el de redactar leyes que regulen las actuaciones de los ciudadanos), el poder ejecutivo (encargado de ejecutar esas leyes) y el poder judicial (encargado de interpretar las leyes y aplicar juicios basándose en ellas). El concepto de la división de poderes nace en un manuscrito de 1690 de mano del inglés John Locke, y es matizado después por Montesquieu en 1748. La idea es dividir el poder del estado en tres brazos independientes que se vigilen unos a otros para evitar que ninguno acumule demasiado poder. Y es que Montesquieu ya opinaba que “Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo”, por lo que era fundamental un elemento de control.
La división de poderes es conocida popularmente como uno de los pilares básicos de las democracias modernas y, sin embargo, no está presente con tanta frecuencia como podríamos pensar. Lo cierto es que si repasamos nuestra Constitución podemos ver que no se habla de separación de poderes en ningún sitio, y ello resulta lógico porque es más que evidente que cuando ministros y vicepresidentes del gobierno se sientan en el congreso de los diputados están ocupando al mismo tiempo cargos del poder legislativo y del ejecutivo. La independencia del poder judicial (o la falta de la misma) también ha sido cuestionada muchas veces, ya que aunque los jueces sean independientes, sus máximos responsables, el Consejo General del Poder Judicial, es escogido a dedo por las Cortes Generales (Congreso y Senado).
Cuando se habla de la falta de separación de poderes es frecuente hacerlo centrándose en el nivel de independencia del poder judicial. Esto es comprensible, ya que todo el sistema de justicia y los derechos de los ciudadanos se van al traste cuando los jueces no son independientes y están aliados con los gobernantes. Sin embargo también es igualmente preocupante la falta de separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, ya que puede llevar a que un gobierno dicte leyes a su conveniencia. Precisamente por esto algunos problemas de nuestra democracia (por ejemplo, en nuestro sistema electoral) son realmente difíciles de cambiar: porque aquellos que deberían hacer los cambios (poder legislativo) son los mismos que se benefician de que no haya cambios (poder ejecutivo).
Todo esto convendría recordarlo para el momento en que se llegue a reformar nuestra Constitución. Porque, sin unas medidas de control efectivas, el Estado seguirá abusando de su poder, como siempre ha hecho.
La división de poderes es conocida popularmente como uno de los pilares básicos de las democracias modernas y, sin embargo, no está presente con tanta frecuencia como podríamos pensar. Lo cierto es que si repasamos nuestra Constitución podemos ver que no se habla de separación de poderes en ningún sitio, y ello resulta lógico porque es más que evidente que cuando ministros y vicepresidentes del gobierno se sientan en el congreso de los diputados están ocupando al mismo tiempo cargos del poder legislativo y del ejecutivo. La independencia del poder judicial (o la falta de la misma) también ha sido cuestionada muchas veces, ya que aunque los jueces sean independientes, sus máximos responsables, el Consejo General del Poder Judicial, es escogido a dedo por las Cortes Generales (Congreso y Senado).
Cuando se habla de la falta de separación de poderes es frecuente hacerlo centrándose en el nivel de independencia del poder judicial. Esto es comprensible, ya que todo el sistema de justicia y los derechos de los ciudadanos se van al traste cuando los jueces no son independientes y están aliados con los gobernantes. Sin embargo también es igualmente preocupante la falta de separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, ya que puede llevar a que un gobierno dicte leyes a su conveniencia. Precisamente por esto algunos problemas de nuestra democracia (por ejemplo, en nuestro sistema electoral) son realmente difíciles de cambiar: porque aquellos que deberían hacer los cambios (poder legislativo) son los mismos que se benefician de que no haya cambios (poder ejecutivo).
Todo esto convendría recordarlo para el momento en que se llegue a reformar nuestra Constitución. Porque, sin unas medidas de control efectivas, el Estado seguirá abusando de su poder, como siempre ha hecho.
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