Paraísos terrenales

Hemos oído hablar de ellos muchas veces. Paraísos fiscales; esos países que permiten a los ricos hacerse más ricos y evadir impuestos. El término evoca un lugar de ensueño y sin embargo se les considera un enemigo a batir, un adversario ilícito que gana con trampas. Se les achaca ser una de las causas de las injusticias en el mundo pero, ¿son realmente tan malos?

Un paraíso fiscal, tomando la definición de la RAE, es un territorio o estado que se caracteriza por bajos o nulos impuestos y controles financieros a empresas y ciudadanos extranjeros domiciliados, consiguiendo de esta forma incentivar la llegada de capitales del exterior. O dicho de forma sencilla, un lugar donde guardar el dinero y pagar menos impuestos. Normalmente, al oír hablar de paraísos fiscales pensamos en Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá o algunas islas del Caribe, pero en realidad no podemos acotar una lista concreta porque la definición es poco precisa y nada unánime. Para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tan sólo existen dos paraísos fiscales (dos pequeños estados isleños en el Pacífico), mientras que para el FMI (Fondo Monetario Internacional) son un par de docenas, y para Argentina son casi un centenar. En el caso de España, el Ministerio de Hacienda reconoce una treintena de paraísos fiscales. El problema no es sólo que la definición no sea precisa, sino que además en estas listas prima la clase de acuerdos de transparencia en cuanto a información fiscal que los países tengan unos con otros, lo que explica que incluso con la misma definición de paraíso fiscal, un determinado territorio pueda estar en la lista negra de unos países y no en la de otros.

El pasado año se estuvo hablando bastante de la comunidad de Madrid como paraíso fiscal en España, y a comienzos de este año ha tenido gran repercusión mediática la noticia de que el Rubius, uno de los youtubers más famosos de nuestro país (si no lo conocen pregunten a sus hijos o nietos), anunciase su traslado a Andorra, país vecino con una fiscalidad muchísimo más baja para quienes ingresan grandes cantidades de dinero. Las redes sociales han lanzado una asombrosa cantidad de odio hacia este joven, llegando a sugerir que se le debería prohibir volver a pisar suelo español nunca más.

En realidad, cuando los países eligen diferentes modelos de fiscalidad están actuando legalmente, pues tienen soberanía para hacerlo. Y nosotros, como ciudadanos (especialmente dentro de la Unión Europea) tenemos libertad para cambiar nuestro lugar de residencia allá donde nos interese, tanto si es por la gastronomía como por el clima o por los impuestos. La pretensión de que todos los países deberían tener el mismo modelo impositivo es como exigir que todas las tiendas vendan al mismo precio; es volver a un modelo de economía gremial que superamos hace siglos. Cuando se acusa al que se marcha a otro país para tributar menos y se le tilda de “insolidario” o “antipatriota”, se está usando la misma lógica que si se criticase al que compra en el mercadillo o elige algún producto en oferta.

En general, podemos ver que los países europeos que reciben el tratamiento de paraísos fiscales no son precisamente los más pobres de la Unión. Suiza tiene un salario mínimo superior a seis mil euros e Irlanda capeó la crisis económica de la década pasada y aumentó su riqueza a base de reducir impuestos. Una menor presión fiscal no tiene por qué traer consigo falta de infraestructuras ni servicios públicos. Quizás deberíamos dejar de ser tan envidiosos del éxito ajeno y empezar a imitar lo que funciona, porque el problema no es por qué algunos se van fuera, sino por qué no se quieren quedar aquí.